El pasado 26 de mayo de 2015, el Pleno del Tribunal Constitucional ha dictado sentencia por la que considera que la expropiación por parte del gobierno andaluz de viviendas vacías propiedad de los bancos, es una invasión de una competencia exclusiva del estado. Por tanto, estima parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de España en el mes de junio de 2013 contra el Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y conocido como “Decreto antidesahucios” en el que se establecían medidas que aseguraban el cumplimiento del fin social de la vivienda y se señalaban las consecuencias del incumplimiento de dicha función con motivo de la no ocupación de un inmueble.