Principales novedades introducidas por el Real Decreto-Ley 7/2021, de 27 de abril en materia de consumidores y usuarios

El Real Decreto-Ley 7/2021, de 27 de abril (en adelante, “RDL 7/21”) transpone: (i) la Directiva (UE) 2019/770 relativa a determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales (“Directiva 2019/770”); y (ii) la Directiva (UE) 2019/771 relativa a determinados aspectos de los contratos de compraventa de bienes (“Directiva 2019/771”), ambas, del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2019, en un único texto, el Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Las reformas introducidas por las mismas entraron en vigor el pasado 1 de enero de 2022 en el ordenamiento jurídico español.

La Directiva 2019/770 y la Directiva 2019/771 (las “Directivas”), parten de la base de un alto nivel de protección de los consumidores y están motivadas por la actual evolución tecnológica, que ha y está suponiendo un aumento del contenido y servicios digitales.

Las Directivas, tienen por finalidad armonizar la regulación de los contratos de compraventa de bienes y, los contratos de suministro de contenidos o servicios digitales a fin de otorgarles mayor seguridad jurídica y disminuir los costes. A la vista que cada vez son más frecuentes las operaciones en la que los bienes, servicios y contenidos digitales van de la mano como conjunto inseparable, resulta necesario que su regulación sea clara y esté unificada.

El contenido armonizado se basa en el cumplimiento de determinados requisitos, tanto objetivos como subjetivos (incluida la instalación de los productos), de manera que el consumidor pueda poner de manifiesto la conformidad o disconformidad con los bienes y servicios.

Pues bien, para que los bienes, contenidos o servicios digitales proporcionados por el empresario se consideren conformes, es necesario que cumplan los siguientes requisitos:

Requisitos subjetivos:

  • a) Ajustarse a la descripción, tipo de bien, cantidad y calidad y poseer la funcionalidad, compatibilidad, interoperabilidad y demás características que se establezcan en el contrato.
  • b) Ser aptos para los fines específicos para los que el consumidor o usuario los necesite y que este haya puesto en conocimiento del empresario como muy tarde en el momento de la celebración del contrato, y respecto de los cuales el empresario haya expresado su aceptación.
  • c) Ser entregados o suministrados junto con todos los accesorios, instrucciones, también en materia de instalación o integración, y asistencia al consumidor o usuario en caso de contenidos digitales según disponga el contrato.
  • d) Ser suministrados con actualizaciones, en el caso de los bienes, o ser actualizados, en el caso de contenidos o servicios digitales, según se establezca en el contrato en ambos casos.

Requisitos objetivos:

  • a) Ser aptos para los fines a los que normalmente se destinen bienes o contenidos o servicios digitales del mismo tipo, teniendo en cuenta, cuando sea de aplicación, toda norma vigente, toda norma técnica existente o, a falta de dicha norma técnica, todo código de conducta específico de la industria del sector.
  • b) Poseer la calidad y corresponder con la descripción de la muestra o modelo del bien o ser conformes con la versión de prueba o vista previa del contenido o servicio digital que el empresario hubiese puesto a disposición del consumidor o usuario antes de la celebración del contrato.
  • c) Entregarse o suministrarse junto con los accesorios, en particular el embalaje, y las instrucciones que el consumidor y usuario pueda razonablemente esperar recibir.
  • d) Presentar la cantidad y poseer las cualidades y otras características, en particular respecto de la durabilidad del bien, la accesibilidad y continuidad del contenido o servicio digital y la funcionalidad, compatibilidad y seguridad que presentan normalmente los bienes y los contenidos o servicios digitales del mismo tipo y que el consumidor o usuario pueda razonablemente esperar, dada la naturaleza de los mismos y teniendo en cuenta cualquier declaración pública realizada por el empresario, o en su nombre, o por otras personas en fases previas de la cadena de transacciones, incluido el productor, especialmente en la publicidad o el etiquetado.

De manera que para el caso que no se cumplan los requisitos anteriormente expuestos, y por consiguiente, el consumidor muestre su falta de conformidad, las consecuencias derivadas para el empresario son en primer lugar ofrecer al consumidor la posibilidad y derecho a elegir entre la reparación o la sustitución producto, salvo que una de dichas opciones resultare imposible o que en comparación con la otra medida correctora suponga costes desproporcionados para el empresario. Y, si no se ha podido llevar a cabo la reparación o la sustitución, se ofrece al consumidor la posibilidad de exigir una reducción proporcionada del precio o la resolución del contrato.

Además de lo anteriormente expuesto, las Directivas amplían el ámbito de aplicación las garantías y servicios postventa, que hasta entonces, eran únicamente aplicables a los bienes materiales/tangibles, y a raíz de la transposición de las Directivas, también lo son para los contratos de bienes con elementos digitales, y de suministro de contenidos y servicios digitales.

Por último y en cuanto a la regulación de los plazos relativos a las garantías y servicios postventa, los mismos se amplían sustancialmente:

  1. Se amplía a tres (3) años desde la entrega del bien, y a dos (2) años desde el suministro del contenido o servicio digital, el plazo que tiene el consumidor para manifestar su falta de conformidad, responsabilizándose hasta ese entonces el empresario.
  2. Se incrementa el plazo a dos (2) años desde la entrega del bien, y un (1) año desde el suministro del contenido o servicio digital, la presunción relativa a las faltas de conformidad puesta de manifiesto por el consumidor.
  3. Se amplía a diez (10) años a partir de la fecha en que el bien deje de fabricarse del bien, el plazo en relación con los servicios postventa, en virtud del cual el empresario garantizará la existencia de un adecuado servicio técnico y repuestos.
  4. Se amplía a cinco (5) años desde la manifestación de la falta de conformidad, el plazo de prescripción legal para ejercitar las acciones relativas a la falta de conformidad de los bienes y de servicios o contenidos digitales.

En definitiva, y a la vista del aumento exponencial del comercio electrónico, las formas y servicios de contratación han sufrido una importante evolución, de manera que resultaba necesario contar con una regulación clara, específica y unificada que garantice los derechos de los consumidores y/o usuarios en este ámbito.

Carla Belón Bordes
DJV Abogados

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